El principio del fin

No dan una. Los políticos en España están pasando sus horas más bajas, si es que alguna vez las tuvieron altas. Ahora es por el PP. Según publicó El Mundo, una doble contabilidad pagaba a los dirigentes populares un sobre sueldo. ¿Financiación ilegal? Probablemente. ¿Blanqueo de dinero? Igualmente probable.¿Engaño a los ciudadanos? Sin duda. ¿Sinvergonzonería? Mucha.

El hartazgo ciudadano está llegando a límites insospechados. A estas alturas de la crisis, con tantos meses de recortes, eliminaciones de pagas, tantos ERES y supresión de puestos de trabajo, aumentos de horas laborales sin el correspondiente en la paga o incluso con descuento, … Con tantos sufrimientos padecidos por las familias de clase media española -que muchas pasan ya necesidad-, conocer el patrimonio del tesorero de un partido político que ha gobernado 9 años de historia reciente de nuestro país, causa como mínimo desasosiego. Y desconfianza. Y descrédito. Y desapego. Y hasta asco. Si 22 millones de euros fue lo que el tesorero guardó entre sus dedos de lo que repartía, ¿cuánto no pasó por sus manos? ¿Qué cantidades de dinero negro manejan los dirigentes de nuestro país?

Como decía recientemente en su blog Fernando Merchán, esta situación es la “tormenta perfecta” para que suponga el fin del sistema político tal y como lo conocemos. Y no es para menos. Como hemos comentado en este espacio en otras ocasiones (la etiqueta de este blog #15M es una buena muestra) son muchos los cambios políticos que necesita nuestro país en estos momentos.

Es necesaria, entre otras, una Reforma Electoral que aborde la limitación de dos mandatos como máximo para los políticos en un mismo cargo;que regule las condiciones para poder acceder a cargo público como pedía hace unos días Esperanza Aguirre -ahora, desde la barrera, lo dice todo con más claridad-, poniendo fin a los políticos profesionales y dejando la puerta abierta a profesionales que temporalmente se dedican a la política; que sustituya del reparto inverso de votos de la Ley D’Hont por otro más equitativo y justo, aunque no contemple las diferencias territoriales (todos los votos deben valer lo mismo porque todos somos iguales ante la Ley); que introduzca un sistema de listas abiertas, de manera que los partidos dejen de imponer a los electores los candidatos y los rellenos de las listas, que en su mayoría son personas del partido que no conocen otro oficio ni beneficio que el de seguir y adular a sus dirigentes; instauración de un sistema transparente de financiación de partidos en el que al menos sólo una pequeña parte sea pública (para garantizar acceso a los más pequeños) o ninguna: así el tipo de trapicheos del caso Bárcenas (que por desgracia no es el primero que conocemos) no tendrían lugar.

Quizá haya hecho falta que nos desmoralicemos aún más conociendo este caso para que se produzca el pistoletazo de salida de una situación insostenible. Quizá haya hecho falta ésto para que Mariano Rajoy, el Reformador, decida tomar cartas en el asunto y abordar de una vez por todas la reforma que nuestro debilitado sistema democrático necesita. Pero, claro, eso le supondría a él y a los que le sostienen perder gran parte -si no todo- del poder que manejan y que los ha convertido en una partitocracia, en un sistema oligárquico al servicio de los partidos políticos. Les supondrá hacerse el harakiri, como ya hicieron los miembros de las Cortes Españolas de Franco a su muerte, aprobando su disolución y la celebración de las primeras elecciones democráticas en España. Pero es su única salvación: cambiarlo todo para que nada cambie.

¿Será el caso Bárcenas el principio del fin? La respuesta, próximamente, en Rajoy el Reformador.

@elenabarrios

Rajoy, promesas y reformas

A punto de cumplirse un año de la llegada de Rajoy al Gobierno, la mayoría de los balances se centran en sus promesas incumplidas y en el gran número de reformas emprendidas o al menos anunciadas.

Quizá el asunto de las promesas es de los que más reprocha la opinión pública al actual presidente del Gobierno. Durante la campaña electoral, Rajoy fue acusado de moverse con imprecisión y poca claridad: ¿Dónde está el programa oculto del PP?, se preguntaban muchos tratando de despertar recelo hacia su candidatura.

Aseguraba Rajoy que no sabía en qué estado encontraría las arcas ni de qué manera hallaría los distintos ministerios y que, por tanto, no sabía con exactitud qué haría y qué no. Y aún así, en los pocos asuntos en los que fue claro, ha tenido que hacer lo contrario de lo que anunció. El diario Público, por ejemplo, editó este pequeño catálogo de afirmaciones del PP en campaña negando una posible subida de impuestos o la implantación de copagos en asuntos sanitarios. Pero sobre todos estos asuntos Rajoy se mostró siempre bastante cauto: “no es mi intención subir los impuestos”, dejando entrever que se se veía obligado a hacerlo por las circunstancias, lo haría.

Sin embargo la protección de las pensiones y la promesa de no tocarlas, ha sido una de las peores promesas incumplidas de Rajoy. Es quizá la que más ha podido costar tomar al presidente. En este asunto sí dejó la prudencia a un lado y aseguró, en diferentes ocasiones que las pensiones eran intocables.

Pero lo cierto es que si en algo fue claro Rajoy es en que pondría en marcha numerosas reformas estructurales. Tantas, que los Consejos de Ministros han creado una expectación informativa inédita hasta ahora todos los viernes. Tantas, que éstas llegan a “agotar” hasta la mismísima vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que siente “cansancio retroactivo” tras un intenso “esfuerzo reformista” en este año.

No debemos olvidar la inestabilidad social que se vive ahora en nuestro país como consecuencia de la grave inestabilidad económica. Ni que las reformas contribuyen a aumentar esta inestabilidad (la marea blanca es un ejemplo de tantos). Ni que además existe otra grave inestabilidad social que culpa a la mala praxis de los políticos, causantes de la grave situación económica y social. Y que en medio de este clima -caldo de cultivo de cualquier cosa- una inestabilidad política es lo que peor vendría a España en estos momentos. Y, sin embargo, es lo que más falta le hace.

Andalucía: con las vergüenzas al aire

No me extraña que durante tantos años se hayan celebrado con las generales. El hecho de que el país entero pueda estar pendiente del debate andaluz ante unas elecciones autonómicas era un error como bien sabía Chaves. Por eso rehuía de separar nuestros comicios de los de la nación. Anda, que como se enteraran en el resto de España lo que aquí pasaba…

Lo malo, es que ahora no ha habido más remedio que separar. El 20-N, con el desgaste que Zapatero provocó a la marca PSOE, era un fracaso anunciado. Separarlo unos meses suponía albergar una doble esperanza: por un lado, que algo de ‘eso’ que había hecho tanto mal se hubiera marchado ya para siempre -seguro, tras el anuncio de la no reelección a presidente de ZP-; por otro, se confiaba en que la tijera del PP se hubiera dejado sentir notablemente sobre la población y hubiera servido para enarbolar la temida bandera de “¡Que viene la derecha!”.

Lo peor, que ahora todos saben lo que aquí ha ocurrido durante tantos años: clientelismo, subvenciones, despilfarro, amaño de ERES, desviación de fondos públicos… Y es una vergüenza. Por que si esto ha ocurrido durante tantos años en esta tierra, es porque ha habido mucha gente que ha consentido. Muchas personas afectadas, silenciadas por el poder del cochino dinero. Muchos andaluces conocedores de los fraudes, callados por sacar el beneficio de un favor. Muchos corruptos, en definitiva, que sabiendo las trampas callaron, convivieron o consintieron que el mal se produjera, se mantuviera o no se denunciara.

Por que igual que ahora sabemos, debimos conocer antes. Igual que ahora denuncian, debieron hacerlo con anterioridad. Del mismo modo que aparecen informes anónimos sacados de los despachos de la Junta de Andalucía, debieron haber salido hace tiempo y no cuando tocaron y enfadaron al colectivo al que pertenecen los denunciantes.

Y eso me avergüenza. Porque puede hacer que se acepte que en Andalucía se funciona así. Que aquí hay mucho corrupto. Y que demasiada gente calla, no por no poner en peligro su vida (como ocurre con los municipios italianos que conviven con la mafia, por ejemplo), sino por no perder la situación que han logrado.

Se supone que separar el debate andaluz ha sido bueno. Se supone que es probable que cambie el color político en Andalucía y se pondrá fin a lo que podría considerar un “régimen” que se ha mantenido durante 30 años en esta tierra. Se supone que deberíamos alegrarnos de que ahora se sepa la verdad y vayan a juicio los culpables. Pero yo no me alegro. Nuestra imagen está en juego. Y, además, no me creo que los culpables hayan sido sólo unos pocos.