El principio del fin

No dan una. Los políticos en España están pasando sus horas más bajas, si es que alguna vez las tuvieron altas. Ahora es por el PP. Según publicó El Mundo, una doble contabilidad pagaba a los dirigentes populares un sobre sueldo. ¿Financiación ilegal? Probablemente. ¿Blanqueo de dinero? Igualmente probable.¿Engaño a los ciudadanos? Sin duda. ¿Sinvergonzonería? Mucha.

El hartazgo ciudadano está llegando a límites insospechados. A estas alturas de la crisis, con tantos meses de recortes, eliminaciones de pagas, tantos ERES y supresión de puestos de trabajo, aumentos de horas laborales sin el correspondiente en la paga o incluso con descuento, … Con tantos sufrimientos padecidos por las familias de clase media española -que muchas pasan ya necesidad-, conocer el patrimonio del tesorero de un partido político que ha gobernado 9 años de historia reciente de nuestro país, causa como mínimo desasosiego. Y desconfianza. Y descrédito. Y desapego. Y hasta asco. Si 22 millones de euros fue lo que el tesorero guardó entre sus dedos de lo que repartía, ¿cuánto no pasó por sus manos? ¿Qué cantidades de dinero negro manejan los dirigentes de nuestro país?

Como decía recientemente en su blog Fernando Merchán, esta situación es la “tormenta perfecta” para que suponga el fin del sistema político tal y como lo conocemos. Y no es para menos. Como hemos comentado en este espacio en otras ocasiones (la etiqueta de este blog #15M es una buena muestra) son muchos los cambios políticos que necesita nuestro país en estos momentos.

Es necesaria, entre otras, una Reforma Electoral que aborde la limitación de dos mandatos como máximo para los políticos en un mismo cargo;que regule las condiciones para poder acceder a cargo público como pedía hace unos días Esperanza Aguirre -ahora, desde la barrera, lo dice todo con más claridad-, poniendo fin a los políticos profesionales y dejando la puerta abierta a profesionales que temporalmente se dedican a la política; que sustituya del reparto inverso de votos de la Ley D’Hont por otro más equitativo y justo, aunque no contemple las diferencias territoriales (todos los votos deben valer lo mismo porque todos somos iguales ante la Ley); que introduzca un sistema de listas abiertas, de manera que los partidos dejen de imponer a los electores los candidatos y los rellenos de las listas, que en su mayoría son personas del partido que no conocen otro oficio ni beneficio que el de seguir y adular a sus dirigentes; instauración de un sistema transparente de financiación de partidos en el que al menos sólo una pequeña parte sea pública (para garantizar acceso a los más pequeños) o ninguna: así el tipo de trapicheos del caso Bárcenas (que por desgracia no es el primero que conocemos) no tendrían lugar.

Quizá haya hecho falta que nos desmoralicemos aún más conociendo este caso para que se produzca el pistoletazo de salida de una situación insostenible. Quizá haya hecho falta ésto para que Mariano Rajoy, el Reformador, decida tomar cartas en el asunto y abordar de una vez por todas la reforma que nuestro debilitado sistema democrático necesita. Pero, claro, eso le supondría a él y a los que le sostienen perder gran parte -si no todo- del poder que manejan y que los ha convertido en una partitocracia, en un sistema oligárquico al servicio de los partidos políticos. Les supondrá hacerse el harakiri, como ya hicieron los miembros de las Cortes Españolas de Franco a su muerte, aprobando su disolución y la celebración de las primeras elecciones democráticas en España. Pero es su única salvación: cambiarlo todo para que nada cambie.

¿Será el caso Bárcenas el principio del fin? La respuesta, próximamente, en Rajoy el Reformador.

@elenabarrios

Políticos jugando… políticos en juego

Se nos abren las carnes. Nos enteramos por elpais.com de que nuestros políticos son pillados jugando en sus IPads (pagados con dinero público) y nos echamos las manos a la cabeza. Pero no toda la culpa es de ellos.

Claramente, esto ocurre porque aún no se ha legislado en la Cámara madrileña prohibiendo que se fotografíe a los diputados dentro, tal y como ocurriera en el Congreso de los Diputados después de que se pillaran varios apuntes y mensajes SMS de teléfonos móviles de sus señorías. Está claro cómo funciona ésto: ¿ven que lo hacemos mal y nos critican?: no dejemos que nos vean (…andamos bien).

Y lo grave de todo esto no es que unos políticos jueguen al Apalabrados en plena asamblea madrileña mientras se debate el tan espinoso asunto de la privatización de la Sanidad. Lo peor es lo que eso significa: el debate parlamentario es vacío, absurdo, carente de sentido y aburre hasta las piedras. Y los diputados, en vez de hacer algo productivo, se encuentran obligados a estar allí esperando la hora de la votación, para no ser multados por su propio grupo por no acudir a apoyar a su partido -el que le colocó en la lista en puesto de salida y permite que cobre esos buenos emolumentos-, cuando éste le exige su voto ante cualquier trámite legislativo de la Cámara.

Además de anticuado, decimonónico y alejado de la realidad, el actual sistema político permite que quienes nos representen en las Cámaras legislativas sean previamente seleccionados y “colocados” por los partidos políticos en una lista electoral cerrada. Tener cargo público electo equivale a tener un buen sueldo garantizado durante al menos 4 años, y si con suerte se repite (lo hace la mayoría: se saben demasiadas cosas como para dejar salir al personal sin más) garantiza todo tipo de prebendas casi de por vida.

Y así, claro, quienes mayoritariamente acceden a estos cargos en muchas ocasiones son jóvenes cachorros criados dentro de las urdes del propio partido que no conocen otro oficio ni beneficio que el de dar pábulo a sus dirigentes -el hacer la pelota de toda la vida- para lograr así ser colocado en cualquier puesto goloso de la administración pública. Y por desgracia, dada la ya treintañera vida democrática de nuestro país, esto es cada vez más frecuente: son muchos los políticos que dedicaron íntegramente su vida profesional a estar al servicio de su partido, sin otra experiencia laboral que la política -así, algunos de ellos han llegado incluso a ser ministros de este país, como la actual titular de Empleo, Fátima Báñez-, y sin otra “obligación” que el dar la razón y apoyar en todo cuanto pida al dirigente de turno del partido en el que milita (ni tan siquiera los partidos muy minoritarios se libran de esta acusación en algún momento).

Un peligroso silogismo que invade lo público

El hecho de que lo público sea considerado como “de todos” hace pensar a muchos que a ellos también les corresponde su parte de ese todo que se reparte entre muchos porque está pagado por todos, incluso por ellos mismos. Si por ejemplo esta actitud de jugar a Apalabrados (o cualquier otra cosa) en vez de estar dedicado a buscar soluciones a los múltiples problemas de los ciudadanos a los que representa se diera en una empresa privada, poco tiempo les quedaría en nómina con toda probabilidad. Seguramente, no lo habrían siquiera intentado por temor a las represalias. Pero en la pública todo es diferente. Es un sentimiento que invade a casi cualquier funcionario con un simple silogismo: esto es de todos, yo también soy todos, esto también es mío. Y así, cada uno coge su parte, aunque sea el tiempo que se dedica a jugar con el IPad o el móvil en tiempo de trabajo.

Pero como decía, la culpa no es sólo de los pobres diputados que fueron pillados infraganti jugando o buscando ropa íntima (como ocurrió en las Cortes de Valencia). La culpa es del partido que le coloca allí sin pedirle apenas otra cosa que obedezca ciegamente a lo que se le pide, acudiendo religiosamente a las votaciones parlamentarias. Es del organigrama del partido que ahoga cualquier atisbo de iniciativa política que el original, verso suelto o indomado político pueda tener. Es del sistema político que nunca le exigió experiencia ni conocimiento ninguno para ser elegido concejal, diputado, ministro o presidente del Gobierno. Es de la Ley Electoral que permite que las listas sean elaboradas exclusivamente por los partidos políticos y que consiente que los cargos electos puedan seguir siéndolo de manera ininterrumpida sin límites de mandatos. Es de la estructura democrática que contempla que los partidos y los sindicatos serán financiados por el Estado, siendo así los partidos políticos otra empresa pública más. Es del país que inventó un sistema tan malo y que, pasados 36 años y viendo los frutos que ha dado, aún es incapaz de cambiar de manera pacífica y consensuada aquellos puntos que debieron ser mejor perfilados a su tiempo.

Pero sobre todo, es de los políticos que son quienes tienen en su mano el poder cambiar todo esto y que, a pesar de que es lo que la ciudadanía les pide en la calle a gritos (el 15-M fue sólo el principio), no son capaces de realizar esa dura operación de limpieza con bisturí que les supondrá, en muchos casos, jugarse su propio puesto. Son nuestros políticos los que, al jugar, nos demuestran que en verdad son ellos los que están en juego en nuestro país.

@elenabarrios

Rajoy, promesas y reformas

A punto de cumplirse un año de la llegada de Rajoy al Gobierno, la mayoría de los balances se centran en sus promesas incumplidas y en el gran número de reformas emprendidas o al menos anunciadas.

Quizá el asunto de las promesas es de los que más reprocha la opinión pública al actual presidente del Gobierno. Durante la campaña electoral, Rajoy fue acusado de moverse con imprecisión y poca claridad: ¿Dónde está el programa oculto del PP?, se preguntaban muchos tratando de despertar recelo hacia su candidatura.

Aseguraba Rajoy que no sabía en qué estado encontraría las arcas ni de qué manera hallaría los distintos ministerios y que, por tanto, no sabía con exactitud qué haría y qué no. Y aún así, en los pocos asuntos en los que fue claro, ha tenido que hacer lo contrario de lo que anunció. El diario Público, por ejemplo, editó este pequeño catálogo de afirmaciones del PP en campaña negando una posible subida de impuestos o la implantación de copagos en asuntos sanitarios. Pero sobre todos estos asuntos Rajoy se mostró siempre bastante cauto: “no es mi intención subir los impuestos”, dejando entrever que se se veía obligado a hacerlo por las circunstancias, lo haría.

Sin embargo la protección de las pensiones y la promesa de no tocarlas, ha sido una de las peores promesas incumplidas de Rajoy. Es quizá la que más ha podido costar tomar al presidente. En este asunto sí dejó la prudencia a un lado y aseguró, en diferentes ocasiones que las pensiones eran intocables.

Pero lo cierto es que si en algo fue claro Rajoy es en que pondría en marcha numerosas reformas estructurales. Tantas, que los Consejos de Ministros han creado una expectación informativa inédita hasta ahora todos los viernes. Tantas, que éstas llegan a “agotar” hasta la mismísima vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que siente “cansancio retroactivo” tras un intenso “esfuerzo reformista” en este año.

No debemos olvidar la inestabilidad social que se vive ahora en nuestro país como consecuencia de la grave inestabilidad económica. Ni que las reformas contribuyen a aumentar esta inestabilidad (la marea blanca es un ejemplo de tantos). Ni que además existe otra grave inestabilidad social que culpa a la mala praxis de los políticos, causantes de la grave situación económica y social. Y que en medio de este clima -caldo de cultivo de cualquier cosa- una inestabilidad política es lo que peor vendría a España en estos momentos. Y, sin embargo, es lo que más falta le hace.

La radicalización y la crisis

En tiempos de crisis, los discursos se radicalizan con una facilidad pasmosa. Y eso es peligroso. Bastante, además.

Estamos ante una grave situación económica del país, con 5 millones de parados y previsiones de llegar a 6. El malestar social va en aumento debido a los problemas económicos que sufren cada vez más personas. Además, la indignación se ha apoderado de gran parte de la sociedad española: los lejanos e “inocentes” culpables del pinchazo inmobiliario están muy lejos de vivir las nefastas consecuencias económicas que tuvieron y tienen sus acciones. Mientras, la inmensa mayoría de los ciudadanos, sufren al ver aumentados sus impuestos, recortados sus sueldos y son obligados a prescindir de cada vez más servicios sociales que necesitan.

Es una crisis en toda regla. De ésas que estudiábamos en Historia, de ésas que llevaron a los grandes cambios que vivió la Humanidad. Una de ellas, la más importante y reciente, fue la Revolución Francesa, que supuso el fin del Antiguo Régimen social, económico y político que se había conocido hasta el momento. Entonces, como ahora, el hastío de la sociedad contribuyó a alimentar las ganas de cambio y el rechazo a la clase política dirigente del momento, a la que se culpaba de la mayoría de los males que sufrían. Los problemas económicos por las subidas de impuestos y el encarecimiento de los precios, que entonces se traducían en auténticas hambrunas y graves enfermedades y epidemias como consecuencia de las durísimas condiciones de vida, avivaba el fuego de la indignación social.

Hoy, como entonces, los ciudadanos parecen dispuestos a querer terminar con situaciones que rechaza. Desde que el movimiento 15-M tomara las calles y las plazas hace año y medio –mucho hemos escrito en este rincón de ello-, las distintas plataformas que conforman este movimiento ciudadano no han tenido muy claro cómo reactivar la mezcla de indignación, solidaridad, empatía y simpatía de los españoles que les llevaron a cosechar grandes éxitos de participación durante las semanas que duraron las acampadas en las principales plazas de España.

Finalmente, el 25 de Septiembre ha sido la fecha elegida para tratar de reactivar ese malestar que consiguió aunar tantos descontentos y convertir a España en el punto de mira de todo Occidente -gracias a las numerosas réplicas obtenidas en distintos países-. El objetivo, ‘ocupar’ el Congreso, es en parte provocador, pero localiza geográficamente a los que considera culpables de sus males (como antaño La Bastilla), librando de mayores perjuicios a los comerciantes de las plazas ocupadas hace un año.

El hecho de que Sánchez Gordillo, el ahora famoso alcalde de Marinaleda -escudado tras su aforamiento de diputado autonómico andaluz- iniciara este verano una serie de acciones reivindicativas revolucionarias, atracando supermercados y ‘ocupando’ fincas rurales, no es más que una demostración de la facilidad con la que se radicalizan los discursos con el beneplácito de muchos, aceptando como válidos comportamientos que echan por tierra el Estado de Derecho que tenemos y que, si bien tiene muchas imperfecciones, es lo mejor que hasta ahora hemos logrado tener.

Desde la otra orilla, el aterrizaje en política de Mario Conde (esperado desde antes de que fuera condenado a prisión) complica aún más la percepción de la política por la ciudadanía. Conde, que ha estado preparando su entrada en escena desde hace años con el apoyo mediático de la derecha, pretende introducir aire fresco en un sistema de poder (denunciado por él mismo como El Sistema) que él conoce bien por haberlo ‘habitado’ de alguna manera durante años. Como el partido de Rosa Díez hace con el PSOE, pretende ser cobijo de votantes descontentos pero con una clara tendencia de voto. Precisamente, el hecho de que esté amparado por un grupo mediático que se autoposiciona como de derechas, mientras se presenta como salvaguardador de los derechos ciudadanos desde su partido Sociedad Civil y Democracia, no hace sino ensombrecer y encallar aún más un salto a la política que suena a venganza más que a servicio.

Es cierto que las comparaciones son odiosas. Y no pretendo ser alarmante. Pero la Historia la tenemos para estudiarla, para aprender de ella y para no cometer de nuevo los mismos errores. Estamos en Crisis, con mayúsculas, sí. Pero por favor, tengamos mucho cuidado con la radicalización de los discursos. Son peligrosos.

Porqué dicen no al referéndum

Miedo. A abrir el pastel. Pánico en realidad. No conviene. Sacar a relucir la posibilidad de que se vote en referéndum la reforma de la Constitución pone los pelos de punta a los políticos de los dos grandes partidos. Y no es para menos. ¿Quién será el guapo que consiga que en el debate público no salgan a relucir tantas otras cuestiones que están en la agenda política de los ciudadanos pero no en la de los políticos?

Si tuviéramos que votar la reforma de la Constitución, saldrían a relucir algunas cuestiones pendientes. La experiencia de vida de nuestra democracia nos pide introducir algunos cambios en ella. Por higiene, por salud, por regeneración, para mantenerla viva en buenas condiciones. Y no son otras que las que han venido reclamando en los últimos meses algunas plataformas ciudadanas como Democracia Real Ya o el movimiento #15M.

Estos movimientos ciudadanos (con demasiada mala prensa, lograda gracias a la intervención de ciertos poderes interesados desde los medios de comunicación) reclaman a tweet limpio, a golpe de blog, en plena calle y pancarta en mano, cambios que la gran mayoría considera necesarios. Casi todos apoyaríamos listas abiertas, separación de poderes, limitación de mandatos, cambios en la financiación de los partidos y sindicatos… Casi todos menos unos pocos, los interesados en que nada cambie, que son precisamente los que lo pueden cambiar.

Por eso, porque quieren que nada cambie, no se atreven a dejar al pueblo la responsabilidad de usar su voz. ¿Qué tipo de democracia es ésta? ¿O debería decir qué timo de democracia?